Por Fernando Gómez *
“No hay nada más aberrante que hablar de este concepto de cobrarle más a las ganancias extraordinarias y demás” (…) “si el fin moral de todo negocio es ganar plata ¿cómo puede ser extraordinaria una ganancia?” les decía Javier Milei a los empresarios reunidos ante el Consejo Empresarial de América Latina, que reúne a las principales fortunas de nuestra región y constituye un espacio de condicionamiento económico y político para la implementación de programas de miseria que maximicen sus ganancias.
Javier Milei, esa suerte de golem desahuciado que susurra en el oído del poder económico el recetario de sus sueños húmedos, sostuvo ante el Consejo Empresario que “no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Porque ellos que se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento van a venir a hinchar las pelotas con el Coeficiente de Gini, la desigualdad”.
Mientras el enajenado mental que ocupa los atributos presidenciales vociferaba barbaridades entre las risas de gerentes y propietarios de los principales grupos económicos que han planificado la economía del país para implementar su saqueo y puesta al servicio de intereses geopolíticos extranjeros, en la fantasía de la representación institucional, un puñado de diputados se aprestaba, entre vergüenzas y desvergüenzas, a convalidar el veto presidencial a una ley de financiamiento de las universidades.
Milei explicaba el desfinanciamiento de las universidades a los empresarios con una pobreza intelectual sorprendente. El discurso resultaba confuso, entreverado con conceptos que no guardan relación uno con el otro, pero aún así, el sector empresario que se vale del sistema universitario para nutrir sus empresas, aprovechar las innovaciones científicas y tecnológicas y valerse de los contenidos académicos para justificar, muchas veces, lo que no podrían justificar desde ningún rincón del sentido común; aplaudía a rabiar.
En el Congreso, los diputados que acompañaron el veto presidencial, hacían malabarismo para justificar su decisión; y los que rechazaban el veto, se agolpaban en la lista de oradores para intentar obtener un fragmento de video con un discurso encendido que les permitiera iniciar luego una campaña de autopromoción desvergonzada de su propia actividad política, que es -en definitiva- a lo único en que ha quedado reducida la experiencia legislativa de una clase dirigente que se acostumbró a no rendirle cuentas a nadie.
Con esta postal de celebración empresaria, convalidación del ajuste, exhibición de la debilidad institucional de una oposición sin rumbo, cualquier desprevenido hablaría de una contundente victoria del gobierno de ocasión que encabeza Javier Milei. Pero no. Ante cada conquista que el gobierno celebra, se deshilacha su legitimidad en forma acelerada, y eso que todavía no terminan de cumplir un año en el mandato.
Y eso sucede, porque además de empresarios, tránsfugas y parásitos habitando la política, en Argentina hay pueblo.
No terminaban de editar los videos los asesores de prensa de cada diputado para promocionar su encendido discurso, que en la enorme mayoría de las universidades del país, la comunidad educativa en su conjunto, iba decidiendo distintas medidas de fuerza. Las tomas de las universidades nacionales, como reacción política a la incapacidad institucional de garantizar una agenda mínima que asegure el funcionamiento de la educación superior en el país, es uno de los datos más saludables que se produjo en el último tiempo.
El sistema universitario argentino está compuesto por más de dos millones y medio de estudiantes. Desde 1983 hasta 2022, la matrícula universitaria aumentó un 500%. Entre el 2012 y 2021, casi se duplicó el ingreso de nuevos estudiantes: creció de 423.920 a 710.699. El 80% estudia en las 57 universidades públicas nacionales y seis provinciales que se encuentran diseminadas por todo el país. Además, un 80% de estos estudiantes es la primera generación de su familia en acceder a estudios universitarios.
En lo que va del gobierno de Milei, el presupuesto se redujo en un 23,1% para el funcionamiento, los salarios docentes cayeron un 30,4% y los no docentes un 26,7%. La inversión que se pretendía generar con la ley de financiamiento universitario, era muy inferior a la reducción del impuesto a los bienes personales que el gobierno le redujo a las personas que más ingresos reciben en nuestro país. El argumento del déficit fiscal, por consiguiente, es apenas asimilable para personas con algún grado de idiotez clínica.
Naturalmente, la ofensiva contra una comunidad educativa tan grande, el ajuste sobre el bolsillo de los cinco millones y medio de jubilados, el 60% de los cuales accedió a su beneficio por una moratoria previsional, el desgaste de los salarios y los ingresos populares frente a las ganancias extraordinarias que le celebra el presidente a los empresarios, va destrozando los cimientos de un gobierno que solo justificaba su existencia por la crisis de representación política que atravesaba a su ocasionales contendientes de esta democracia reducida al sufragio.
Y, con apenas diez meses en el gobierno, no puede reunir gente en un acto, moverse en la calle sin estar rodeados de policías, recibir insultos ante la pretensión de obtener una selfie que imposte una legitimidad inexistente o lograr frenar la consecuencia física de la violencia virtual que van generando. Es un gobierno que está exhibiendo debilidad por donde se lo mire.
Nada indica que los grupos económicos que controlan la planificación económica nacional vayan a levantar el pie del acelerador. Incluso, van a poner al gobierno de Javier Milei al borde del precipicio político, con la esperanza cierta de poder consolidar el saqueo y ajuste en shock ejecutado en este tiempo, y administrarlo con cualquiera de las fuerzas políticas que habitan un sistema que ha dejado de discutir justicia social y soberanía política en términos serios y efectivos.
El conflicto desencadenado en la toma de las universidades nacionales, el futuro paro nacional decretado por los gremios del transporte, la reacción social frente al descaro con el que afrontan la realidad quienes protagonizan o romantizan desde las redes sociales este ajuste demoledor, son gestos alentadores de un conflicto social que necesita empezar a reflexionar sobre la importancia de encontrar las respuestas políticas necesarias para resolver este descalabro.
El guiso, en tanto, se está espesando.
(*) Editor de InfoNativa. Vicepresidente de la Federación de Diarios y Comunicadores de la República Argentina (FADICCRA). Ex Director de la Revista Oveja Negra. Militante peronista. Abogado.
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