Por Guillermo Martín Caviasca *
Desde el inicio de la última etapa de régimen con elecciones periódicas en 1983, la cuestión militar estuvo enmarcada por la preocupación en torno al desarrollo de una política hacia las Fuerzas Armadas que las neutralice como factor de poder, como amenaza al orden institucional. Ya son 39 años de estas políticas. Como contraparte de esto no ha habido una preocupación similar en el desarrollo de políticas de defensa ni en dimensionar unas FFAA acordes a los conflictos que nos afectan. La ideología, la teoría, que guía a los sucesivos gobiernos se puede encuadrar en una definición del politicólogo Alan Rouquie quien señaló en sus estudios dos cosas: Una, que las FFAA argentinas se encontraban demasiado implicadas en la estructura del país (tema del desarrollo industrial) y que eso las hacía protagonistas políticas; y dos, que había que sacar del centro de la escena al tema Malvinas, porque eso dañaría la posibilidad de apartar a las FFAA de la vida política nacional y con ello la estabilidad democrática.
Estas definiciones del francés de moda en los `80 entre los políticos e intelectuales de la nueva democracia alfonsinista podrían asociarse a una teoría que habla de la “paradoja de las relaciones cívico-militares”. Esta teoría intenta explicar la problemática del “control civil” de las Fuerzas Armadas en países como Argentina. Esta paradoja consiste en el doble carácter que presentan las instituciones armadas: las sociedades deben crear FFAA para protegerse de determinadas amenazas; pero, deben establecer distintos tipos de mecanismos para contrarrestar la amenaza que esas instituciones encarnan para la misma sociedad que las creó.
Esta teoría tiene dos cuestiones que no debemos dejar de ver. Primero, si no hay hipótesis de conflicto, ni una misión socialmente relevante, el único problema de las FFAA es el “temor hacia ellas” y cómo controlarlas. Dos, y subsiguiente, solo queda el tema de “control civil” sobre la misma como problemática, tema de vasta problematización en los politicólogos del stablishment académico occidental. Es por esto, básicamente, que en nuestro país hay “política militar” o sea política “hacia” las FFAA, control, ascensos, salarios, reestructuraciones, DDHH, género, etc. y no “política de defensa” o sea una política nacional que implique una función estratégica clave para las instituciones militares. Bueno, un país que renuncia a la fuerza para defender o hacer valer sus derechos no necesita FFAA, ya lo dijo suavemente Raúl Zaffaroni al sentenciar que “se conocen países sin FFAA pero no sin policía”, el sentido de esta afirmación queda al lector.
También es necesario pensar a las FFAA como institución, con una vida interna, con miles de integrantes, o sea como un cuerpo numeroso, profesional, y no homogéneo. Las FFAA argentinas no son una guardia nacional batistiana, ni el ejército de ocupación francés en Argelia. Son fuerzas que se nutren de la propia sociedad en forma bastante amplia y con una tradición con muchos matices. Así en ellas se desarrollan ideas y debates de cómo debe ser el país y cuál es la función de las FFAA en él. Son dos las grandes corrientes históricas: nacionalistas y liberales. No son homogéneas ni estables en el tiempo, para nuestro caso, el de los nacionalistas, existen ultraderechistas o católicos ultramontanos, como nacionalistas populares revolucionarios y antiimperialistas. Estas corrientes existen como expresión en ese conjunto social (relativizados por el tipo de “campo” que constituye “lo militar”) de los debates y tendencias que se dan en la sociedad, y de las cuestiones estructurales que definen el horizonte hacia donde se dirige el país. Aunque es visible que el llamado “Proceso” fue un duro golpe para la estima pública de los militares, especialmente los nacionalistas, y su minoría popular o antiimperialista prácticamente desapareció de escena.
Por último debemos replantear o precisar la definición de las FFAA como brazo armado de la burguesía. En nuestro caso, Argentina, si insistiéramos en seguir esa definición habría que pensar ¿de que fracción de la burguesía? por ejemplo, ya que hay burguesías con diferentes intereses y enfrentadas. Preferimos pensar a las FFAA con un “campo” y como una “institución”. Las FFAA son un brazo armado del Estado que detenta el monopolio de la fuerza en un territorio determinado y eso es una de las características que hace a la definición de los estados, de cualquier naturaleza. Como tales expresan en su forma la naturaleza del Estado y las contradicciones y crisis de ese Estado y de la sociedad de la que son parte. Y consideramos que el estado “burgués” no es monolítico ni monolíticamente “propiedad” de la burguesía. Es un lugar donde existen disputas y que su formulación final está sujeta al desarrollo de la lucha de clases, dando como consecuencia un cuerpo de instituciones y leyes que son producto de la relación de fuerzas entre las clases. No negamos con esto que las instituciones burguesas, en general, resistan el cambio radical, pero eso es otra cosa.
Propuesto este marco conceptual pasemos al tema de los alzamientos Carapintadas. Fueron cuatro y se desarrollaron entre la pascua de 1987 y diciembre de 1990. Marcaron con dureza al gobierno de Alfonsín, mostrando su debilidad, y fueron aplastados política y militarmente por Carlos Menem. Esto merece una explicación.
Alfonsín fue el primer presidente elegido por sufragio en el ciclo actual. Heredó una situación difícil pero sobre todo en el plano económico. Que la democracia estaba acechada por los militares, o que estos estaban esperando para volver es más un mito que un análisis certero. La debilidad política de Alfonsín estuvo relacionada por sus endebles bases sociales, su dificultad de relacionarse con las instituciones sociales como fuerzas con poder extraestado (no comprendía el estado en sentido amplio que menciona Gramsci) y su dificultad en enfrentar los cambios del capitalismo argentino y mundial. De la misma forma que cualquier retorno de un golpe militar de derecha carecía de bases sociales y de consensos militares internos para hacerlo.
Era la etapa de las democracias controladas, no de dictaduras militares, menos del retorno de unos militares que habían desarrollado una guerra contra una de las principales potencias imperialistas. Los que argumentaban el riesgo de golpe militar (antes o ahora) desconocen la naturaleza, génesis y desarrollo de los consensos que los hacen posibles. Con esto señalamos claramente que los carapintadas no eran golpistas, que el golpismo no era viable, aunque si pretendían condicionar las políticas en los ámbitos que consideraban de su competencia.
La prioridad para Raúl Alfonsín y para la sociedad en esos años era el tipo de “política militar”: la resolución del tema de los derechos humanos. Cosa justa y razonable. Lo que implicaba una cuestión importante para el gobierno: cómo hacer que el castigo a los integrantes del proceso no fuera un castigo a las FFAA. Alfonsín buscaba deslindar de responsabilidades a las FFAA aislando a un grupo importante por su jerarquía y algunos casos paradigmáticos, pero no demasiado numeroso, de responsables y hacer dentro de la “teoría de los dos demonios” donde se juzgara a los máximos responsables de la jerarquía militar y de las organizaciones revolucionarias, como extremos ajenos al resto de la sociedad normal.
Esto se hizo difícil por dos cosas. Una el hecho de que la estructura de la represión implicó una seria participación de cuadros medios y bajos en delitos aberrantes. No tantos como la opinión pública cree en general, pero muchos cientos y tras ellos, en la represión en general, a algunos miles. Esto implicaba que oficiales en actividad serían llamados masivamente a declarar en juicios. Recordemos que las FFAA tienen en un momento dado en actividad unos 5000 oficiales y decenas de miles de suboficiales. Segundo, que Alfonsín esperaba que fuera la misma justicia militar la que juzgara y castigara a los principales represores o responsables, y eso no sucedió ni un poco.
El otro tema que debía encarar Alfonsín era la cuestión de Malvinas. La derrota no solo afectó a las FFAA, fue una derrota nacional cuyos efectos se buscaron y buscan ocultar a la población, pero que implicaron la renuncia al ejercicio de la soberanía estatal en diversas áreas, especialmente lo que refiere al poder militar. Durante el gobierno de Alfonsín se comenzó a utilizar la idea de “desmalvinización” para calificar la política del gobierno en la cuestión tanto diplomática como de defensa y cultural. Aunque no está de más decir que Alfonsín fue mucho menos desmalvinizador que Menem; Que mantuvo programas militares relacionados con la defensa que serían desmantelados por Menem; y que no firmó la rendición nacional ante Inglaterra, cosa que si hizo Menem.
Sin dudas la guerra de Malvinas implicó un cimbronazo en las FFAA tanto en lo operativo como en lo ideológico. El choque con Inglaterra había implicado un choque con Occidente. Lo que no dejó de influenciar al interior de las FFAA, sin dudas en los nacionalistas, pero también en muchos profesionales honestos. Si sos un militar malvinero no podes ser prooccidental; y si sos prooccidental en términos geopolíticos, no reivindicas Malvinas. Y Malvinas fue la única guerra que se disputó en Latinoamérica entre una potencia imperialista y un estado nacional con un impacto internacional muy grande y que afectó las doctrinas militares de los grandes países.
Frente a estas situaciones y especialmente en lo que hacia al desafío central inicial del alfonsinismo: los DDHH, el gobierno encaró la resolución de la cuestión. Para evitar el juzgamiento masivo envió las “Instrucciones a los Fiscales Militares” de abril de 1986, que contaron con gran oposición de la opinión pública, los organismos de DDHH, la izquierda y el peronismo renovador. En el mismo camino el 24 de diciembre de 1986 los legisladores radicales y peronistas sancionaron y promulgaron en el Congreso Nacional la ley Nº 23.492 que pretendía imponer un freno a la acción penal, conocida como Ley Punto Final. La que contó con una mayor y más activa oposición. Pero eso no fue lo más grave de su fracaso, sino que como esta ley establecía un plazo máximo para la presentación de acusaciones, hubo una avalancha (o así se sintió en el ámbito militar) de citaciones.
El primero de los levantamientos tuvo lugar en la Pascua de 1987, a partir de que el mayor Barreiro desacató la orden de ir a declarar y con el apoyo de una unidad militar resistió. El Teniente Coronel Aldo Rico encabezó los días siguientes una rebelión de gran extensión. Hacia la opinión pública los carapintadas manifestaban ese doble aspecto: su relación con Malvinas y su rechazo a las citaciones por violaciones a los DDHH. A pesar de haber negado cualquier negociación con los rebeldes Alfonsín envió al Congreso el 4 de junio, mes y medio más tarde, la Ley de Obediencia Debida que, como el nombre lo dice, buscaba exculpar a los oficiales de menor graduación de los delitos represivos por “haber cumplido órdenes”. La ley a simple vista parecía satisfacer los reclamos, pero no fue así.
El segundo alzamiento fue 15 de enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros, también conducido por Rico. El alzamiento tuvo un fuerte tinte de disputa interna en el ejército, Rico se rindió rápidamente y más de 400 participantes fueron separados del arma. El tercero de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, su epicentro fue Villa Martelli y es allí donde salió a la luz el verdadero caudillo militar nacionalista: el coronel Mohamed Alí Seineldín. Jefe de los comandos del ejército y como muchos de los carapintadas parte de las tropas desplegadas en Malvinas. Su historia es compleja, es un nacionalista de tendencia peronista. Se lo encuentra en 1976 en una posición distinta a la de los jefes golpistas, pero es un hombre combatiente contra la guerrilla en general antimarxista. Sin embargo en su trayectoria, a pesar del esfuerzo puesto, no se le puede encontrar acusaciones sobre desapariciones o torturas. Los montoneros conocidos que en esos años tomaron contacto con él, lo reconocen como un enemigo de los setentas pero no un torturador, un nacionalista real.
Era parte de una generación militar que le tocó ser protagonista de los peores momentos de las FFAA argentinas, pero también de la guerra de Malvinas, con su capacidad de desvelar las verdaderas relaciones de dominación que existen en el mundo. Sus proclamas tenían un matiz excesivamente religioso que destacaba descentrado de la religiosidad normal de la sociedad argentina y que le daban un tono “mesiánico”; aunque (para ser sinceros) sus análisis conspirativos de la situación argentina y mundial, se han cumplido en gran parte. El alzamiento terminó con negociación, algunas promesas de mejoras y cambio de autoridades de la fuerza de acuerdo a lo exigido por los insurrectos y varios civiles muertos por la policía cuando los carapintadas ya habían depuesto armas. Como consecuencia de los tres primeros alzamientos había 164 carapintadas condenados, muchos más que los condenados por crímenes de la dictadura.
El cuarto alzamiento se produce el 3 de diciembre de 1990 solo dos días antes de la llegada de George Bush, y con la primera tanda de indultos menemistas. Los carapintadas tomaron el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento I de Infantería, la fábrica de tanques Tamse, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Fue el más sangriento con 13 muertos -varios de ellos civiles- y más de 300 heridos. Unos 600 carapintadas fueron llevados a juicio. Las versiones sobre este último alzamiento son las más interesantes. Con indulto de por medio el tema represivo no parecía ocupar el centro de los reclamos, ya que los carapintadas eran contrarios a un indulto a los jerarcas del proceso, eran “antividelistas” o antiliberales en general. Sin dudas existían promesas menemistas defraudadas: Una de ellas: la reconstrucción de un “Ejercito Nacional”. Menem les había prometido que la política de defensa y la reorganización de las FFAA quedarían en sus manos, pero hizo lo opuesto.
El último alzamiento carapintada fue el más duramente reprimido. Se pueden rastrear varias razones. Menem había cerrado el conflicto con los sectores liberales, pronorteamericanos y procesistas a través de un programa de entrega en toda línea; por la inauguración de la “política de las relaciones carnales”, que en lo militar implicaba una incorporación de las FFAA a la política internacional de intervenciones humanitarias (sorprendente nombre) y “misiones de la ONU”. Y porque había dictado la amnistía a todos los acusados de violaciones a los DDHH. Eso le dejó las manos libres y el respaldo suficiente para reprimir con dureza al último foco carapintada, el cual a su vez no podía contar con el apoyo, directo o indirecto, de los que buscaban zafar de los crímenes cometidos durante la dictadura. Ciertamente Seineldín y sus camaradas no midieron correctamente la correlación de fuerzas. Algo que en general les sucede a muchos militares nacionalistas que analizan la sociedad como un campo de batalla visto desde un “estado mayor” y pierden de vista que las FFAA son una institución del estado, con un peso específico destacado al disponer del monopolio de la fuerza, pero no son en si mismas ninguna de las clases fundamentales que definen la posibilidad de que una acción política de envergadura tenga éxito.
¿Qué unía a los carapintadas? La cohesión se asentaba en la pertenencia a las mismas unidades del Ejército (infantes, paracaidistas y comandos) y a las mismas promociones del Colegio Militar y de la Escuela Superior de Guerra, y en la defensa de objetivos profesionales comunes, como la renovación del espíritu de combate, la mejora de la especialización y el perfeccionamiento de la capacidad operativa. Pero eso no es suficiente para entender su cohesión. La experiencia común se basaba en un mismo sentimiento de rechazo o en varios sentimientos de rechazo convergentes y en la enorme frustración de la derrota de Malvinas, con su posterior profundización a través de las políticas de los jefes militares y la democracia controlada. Sin embargo como dijimos antes, no fue Alfonsín (el principal destinatario de los ataques carapintadas) el que desmanteló a las FFAA, sino que ese proceso se realizó con el menemismo. Es increíble que muchos sectores progresistas vean con beneplácito políticas menemistas hacia las instituciones militares, pero no ven que estas políticas “desarmaron” a las FFAA, no implicaron ningún tipo de construcción de unas “nuevas” FFAA o la corrección de la línea liberal. Menem “pactó” con los militares liberales una “condonación de deudas” a cambio de su aceptación de la subordinación geopolítica a los enemigos de Malvinas, del desmantelamiento técnico de la fuerza y el desmantelamiento industrial del país.
Dentro de la corriente carapintada convergían varias protestas. Algunas antagónicas entre sí, otras razonables o justificables, otras anacrónicas, y algunas intolerables. Sin embargo todas, en el contexto de la democracia alfonsinista, en general resultaban inviables, al ser expresadas mediante un alzamiento con una sociedad altamente sensibilizada a todo lo que fuera desobediencia militar, o “planteos”, que entraban fácilmente en la lectura de “golpistas”. Por eso cada negociación de Alfonsín lo debilitó mientras que la represión de Menem lo fortaleció.
Malvinas, la valoración de la represión, las responsabilidades al interior de la fuerza, el conflicto entre la conducción hegemónica liberal y una oficialidad nacionalista, la cuestión de los límites de la autonomía militar, eran los temas de debate que impulsaron en conjunto los alzamientos, con diferente énfasis en cada uno de ellos y entre los diferentes alzados. De todos estos temas, las cuestiones de la interna militar, muy poco conocidas por el resto de la sociedad y muy poco tomadas en cuenta por los analistas, debe ser valorada. Lo mismo que la cuestión de la “autonomía militar” y sus límites.
Los carapintadas, fueran estos genuinos nacionalistas o represores que buscaban salvarse del castigo, culminaron sus días fuera de las FFAA. Durante los levantamientos, lo que quedaba de la corriente nacionalista, muy deteriorada por su silencio, confusión, complicidad o tolerancia con el “proceso”, fue eliminada de la fuerza. Durante la década siguiente los “liberales” hegemónicos, y los neutrales, aceptaron sin chistar lo que fue el desmantelamiento de su fuerza. Había pensamiento disidente, sí, pero no podía hacer otra cosa que aceptar. Desaparecieron las industrias militares, y todo el entramado que vinculaba a las FFAA a las política del estado nacional, quedando reducidas a su mínima expresión. La desaparición de toda voz nacionalista fue necesaria para ello, y fue el correlato de la desarticulación en la sociedad de toda oposición de izquierda y de la cooptación del peronismo.
La nueva doctrina militar del menemismo fue la otra cara del “realismo periférico” que orientó la diplomacia, y así Argentina rompiendo la tradición que se había sostenido durante gobiernos oligárquicos, radicales, peronistas o militares, se alineó sin discusión ni mínima independencia en políticas y conflictos que eran absolutamente ajenos a nuestros intereses nacionales. Eso fue posible por la derrota carapintada, aunque suene contradictorio con la inviabilidad y mesianismos de muchos de sus dirigentes. Igualmente las FFAA argentinas como expresión de una formación social compleja han recreado en forma cíclica, después de radicales depuraciones, corrientes de militares nacionalistas que con confusión o claridad piensan en algún tipo de destino nacional independiente. El kirchnerismo perdió una oportunidad histórica en darle al país una fuerza armada nacional o al menos abrir el paso para que se desarrollara.
En general los militantes de aquel entonces no admiten que el movimiento carapintada despertó ciertas expectativas . En el peronismo hubo debates al respecto, no solo entre sus sectores de derecha. Específicamente en los primeros años de la década de 1990, o con Seineldín en el país, hubo diversas reuniones y acuerdos entre militantes de la izquierda peronista y hombres del movimiento carapintada. El discurso seineldinista tenía un centro más antiimperialista. No solo desde el peronismo de izquierda, sino desde sectores de la izquierda nacional o del maoismo. Inclusive en sectores más combativos el diálogo con los carapintadas se dio amablemente. No es muy conocida la visita de un importante dirigente del peronismo revolucionario a la cárcel de Magdalena ni el reconocimiento de Seineldín de “errores mutuos” que llevaron al “enfrentamiento entre sectores nacionales”. Tampoco la participación de hombres del seineldinismo en encuentros de revolucionarios de izquierda. Aunque de ésto que menciono no hubo ninguna expresión política concreta (salvo la participación de algún montonero conocido en alguna marcha por la libertad de Seineldín) ya que si los revolucionarios eran una minoría aislada en la sociedad argentina, los carapintadas eran vestigios en extinción. Eso se debe a que en ese entonces la cuestión de los DDHH tenía un gran desarrollo pero no era “totalizadora” como hoy. Se priorizaba el “antiimperialismo”, el “antineoliberalismo” y Seineldín u otros carapintadas generaban dudas positivas al respecto, más una esforzada voluntad de reconciliarse con ex montoneros. Aunque se podría poner otra cantidad de ejemplos contrarios como Aldo Rico y otros peores.
Como conclusión podemos decir que el movimiento carapintada no era viable históricamente porque “el proceso” dañó en forma muy dura a las mismas FFAA que fueron el mascarón de proa y brazo armado de políticas antinacionales que llevaban a la destrucción de la razón de ser de los nacionalistas. Cuando esta corriente se alzó, lo hizo con un programa confuso que no se deslindó a tiempo o lo suficiente del Proceso y de los crímenes cometidos. Por lo tanto ante el grueso de la sociedad y los sectores populares parecían la expresión de un pasado a dejar atrás.
La democracia no tuvo una política positiva hacia las FFAA, no hubo desde el campo del pueblo alguna alternativa que pudiera articular reclamos nacionalistas genuinos de militares patriotas. Además el extremismo religioso de muchos discursos emitidos por algunos líderes militares no cuajaba en la cultura nacional. Y la voluntad de pensarse como parte de la sociedad y de acercarse a las organizaciones populares de algunos de ellos fue tardía.
(*) Historiador y autor de varios libros, entre ellos: “La hipótesis Carcagno: militares y guerrilleros en los setenta”, “Dos caminos: PRT-ERP y Montoneros, la guerrilla argentina en una encrucijada” y “Los pueblos indígenas y la cuestión nacional: Valentin Sayhueque y la constitución del Estado en la Patagonia”.
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