Néstor Jerez, el Cacique del Pueblo Ocloya y miembro de la Organización de Pueblos Indígenas del noroeste argentino (OPINOA), habló con Radio Gráfica sobre el reclamo de las comunidades indígenas, que busca que el Congreso de la Nación prorrogue la Ley 26.160, paso previo para la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. La llamada ley de emergencia está vigente por decreto, pero no garantiza la misma protección a los derechos que la sanción de una cuarta prórroga votada por el Parlamento.
Consultado sobre la situación actual de las comunidades, el líder del Pueblo Ocloya de la Provincia de Jujuy señaló: “Estamos aislados hace mucho tiempo. Prácticamente las rutas han desaparecido, las comunidades improvisan puentes colgantes para buscar la forma de transportarse por los ríos que crecen mucho. Lamentablemente es la realidad, la falta de políticas públicas de los gobiernos de turno, que aún persiste, hace que estemos desamparados, el estado está ausente”.
También dijo que de la la última Asamblea Regional del NOA la constitución una Red Ticca de Territorio de Vida, conformado por diferentes organizaciones y comunidades indígenas de todo el país, “de acuerdo a la conformación y la constitución de nuestro reglamento implica generar asambleas regionales”, señaló.
“Estamos aquí, en la Provincia de Jujuy, en territorio Ocloya –dijo- y tenemos por objetivo resguardar los territorios, generar condiciones de desarrollo e impulsar el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y que se generen esos fondos para que se vean reflejados en los territorios a través de la infraestructura, desarrollo, comunicación, educación y salud. Lo que nos interesa es que se prorrogue la ley de emergencia 26.160”.
En el 2021 las organizaciones del pueblo indígena NOA acamparon frente al Congreso y lograron la aprobación en la Cámara de Senadores, pero no en la de Diputados. “Hoy esta ley nacional de orden público, está vigente por un Decreto de Necesidad de Urgencia firmado por el poder ejecutivo”, comunicó Jerez y planteó: “Tenemos que retomar hacia el Congreso de la Nación porque es hora de ir por la reparación histórica de la manda constitucional, que implica la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, reconocida en el año 94 en la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17”.
La ley de emergencia está vigente desde el 2006 y cada 4 años tiene que renovarse. “Esta ley nos sirve porque es una herramienta para frenar los desalojos, que son atropellos permanentes que padecemos las comunidades indígenas. No alcanza, pero es un paso previo al siguiente, que implica la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, entendiendo que están dadas las condiciones jurídicas, solamente falta la voluntad política. En el año 94 fue reconocido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo reconoce el último Código Civil y Comercial, que se ha actualizado en su artículo 18, y plantea crear una ley especial en el Congreso de la Nación”, manifestó.
Así mismo, informó que presentaron un proyecto que está vigente en la Cámara de Diputados, sobre la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, y que debe tratar el Parlamento.
Respecto al relevamiento en el norte del país, el Cacique del Pueblo Ocloya, explicó que “el relevamiento concluye cuando se haya hecho entrega de una carpeta técnica firmada por el ejecutivo a través del órgano de aplicación, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con una resolución en la que el Estado reconoce la ocupación actual tradicional pública”.
Y en esas condiciones, “podríamos decir que hay un 60% de las comunidades de hoy que tiene esa carpeta con todo el procedimiento. Y el otro 40% falta incluirlos, pero tiene que ver con la resistencia de los poderes. Nosotros entendemos que con este 60%, se tiene que empezar a dar el paso que sigue, avanzar sobre la titulación de la propiedad comunitaria indígena que es parte de la deuda que tiene el estado con los pueblos indígenas”, señaló Néstor.
Por último, puntualizó que “discutimos intereses, no territorios, donde somos poseedores centrales. Se busca llevar adelante una política de negocios, de saqueos, a través de la explotación minera, del litio, inmobiliaria, tala indiscriminada, desmontes y la empresa sojera. Hay empresarios y poderes económicos, en muchos casos, con complicidad de los poderes políticos, con esa intención de avanzar sobre los saqueos de los bienes naturales y el obstáculo que encuentran son las comunidades indígenas preexistentes. Ahí es donde nos van a encontrar, en todos esos rincones de los territorios, donde hemos estado siempre”.
- Entrevista realizada por Vivian Elem, Rodolfo Colángelo y Jorge Benedetti
- Redacción Lucia Izaguirre
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