Cárceles bonaerenses. Organizaciones mantuvieron una reunión con el ministro Alak

Por Úrsula Asta

Tras la represión sobre las personas privadas de libertad por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que -tal como indican las organizaciones en el documento que difundieron- dejó un saldo de alrededor de 1.000 heridos entre leves y graves, diversas organizaciones de derechos humanos solicitaron una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Antes de eso, organizaciones sociales, de derechos humanos y de personas privadas de libertad venían “solicitando desde el mes de diciembre políticas públicas y decisiones políticas que impacten a resolver el tema de la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención que ésta provoca”, indicaron en el comunicado con fecha del 10 de noviembre.

Analizaron, además, la gravedad de la situación y criticaron “la actitud adoptada por el Procurador y la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el poder judicial en su conjunto”, que son quienes deben otorgar en tiempo y forma los institutos liberatorios correspondientes.

Durante la reunión con el ministro, realizada el martes, con base en esos fundamentos, en primer lugar, las organizaciones manifestaron que están en contra de la construcción de más unidades carcelarias. “Entendemos que tal decisión aumentará el índice de prisionalización y que de ninguna manera resolverá el conflicto de base: la falta de libertades que engrosan el hacinamiento”, manifestaron.

Este año, los gobiernos nacional y bonaerense anunciaron la inauguración de 364 plazas nuevas en tres penales de la provincia de Buenos Aires en el marco del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” que contempla también la construcción de 15 hospitales penitenciarios en cárceles de 12 distritos bonaerenses. Las obras están directamente impulsadas por el ministerio que conduce Julio Alak y fueron lanzadas desde la residencia de Olivos, por videoconferencia, por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicilloff.

En la reunión con Alak, en segundo lugar, las organizaciones expresaron su condena a la represión desatada entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la falta de asistencia sanitaria a los heridos, y los traslados arbitrarios. Como declaró en Radio Gráfica, Azucena Racosta, quien integra Radio La Cantora y la Universidad Nacional de La Plata, “en diciembre, la provincia de Buenos Aires contaba con una sobrepoblación del 110 por ciento”. Destacó algunos antecedentes, como la reforma de la Ley de Ejecución Penal donde se “instaló la idea de la puerta giratoria” o la Ley Blumberg, leyes que “el macrismo las utilizó muy bien”.

Debido a esta grave situación, la sobrepoblación y reclamos, así como muchas presentaciones judiciales que hicieron todas las organizaciones, “se armó una mesa de diálogo con el ministerio de Justicia, la Corte de provincia, la Defensoría de Casación, la Defensoría General, la Procuración y las organizaciones”. Sin embargo, la situación se agrava con la pandemia, en plena lucha por estos derechos. “Hay 200 defensores oficiales en la provincia para 51 mil personas, ¡eso es todo un dato!”, remarcó Racosta.

La represión desatada, explicó días atrás a este medio Lucas Rey, detenido en la Unidad 31 de Florencio Varela, tuvo como punto desencadenante “que el Servicio Penitenciario prometió dar visita y no la dio. A última hora, cuando la familia ya estaba acá afuera dijeron que no iba a haber visita, y eso fue la gota que rebalsó el vaso”.

A raíz de ese impedimento “hicimos una protesta pidiendo por nuestros derechos, pidiendo que se cumplan las normas y leyes. Están violando nuestros derechos. Nos encontramos no solo privados de nuestra libertad, sino cumpliendo el triple de condena, hacinados, viviendo de a cinco en una celda. Ya sabemos que estamos presos y que algunos cometimos delitos, pero esto es un depósito de gente, un campo de concentración”, relató Rey.

En la reunión con el ministro provincial, las organizaciones participantes -Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza (APDH), Azucena Racosta del Colectivo de Comunicación Popular Radio La Cantora, Alfredo Cuellar del Colectivo de Amigos y Familiares de la China Cuellar (padre de mujer asesinada en el penal de Ezeiza) y Rosario Fernández de Gremial de abogados y abogadas de la República Argentina, hicieron entrega de un petitorio confeccionado por personas privadas de libertad, enviado desde la Unidad Penal Nº 9:

-Se intervenga con carácter de urgente al Servicio Penitenciario Bonaerense porque entendemos que el problema es el tipo de gerenciamiento de las unidades carcelarias con prácticas mafiosas favorecidas en la actualidad por el hacinamiento.

-Se cubra la acefalia en la conducción de la Sub secretaria de Política Penitenciaria con personal civil e idóneo en la materia.

Además, explicaron que “ante la negativa del poder judicial de otorgar libertades condicionales, arrestos domiciliarios, salidas transitorias –laborales o educativas- libertades asistidas en termino de condicional y por agotamiento de pena, aplicación del estimulo educativo y, frente a la inflación punitiva con el abuso de la aplicación de la prisión preventiva” es preciso que “el gobierno de la provincia evalué hacer uso de las herramientas que le otorga la constitución provincial de conmutar penas y/o articule las medidas necesarias tendientes a una posible compensación de las mismas por el sufrimiento infringido, al no haber cumplido con las condiciones de detención que profesa la norma y los pactos internacionales de derechos humanos, instalando el tema en la agenda del poder legislativo”.

Por su parte, el ministro Alak dijo que todo lo expresado por las organizaciones no es ajeno al conocimiento de ese ministerio y que se encuentra evaluando la posibilidad de reactivar las mesas de diálogo con una nueva impronta acorde al diseño de políticas públicas que impacten ciertamente en la resolución de las complejidades que la emergencia impone. Y prometió que pronto “tendrán novedades”.