Esta mañana en Palpalá, la Policía de Jujuy desalojó y reprimió a la comunidad Tusca Pacha acusándolos de usurpación a pesar de estar reconocidos por la ley 26.160, que suspende el desalojo de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras que habitan.
La acción de las fuerzas de seguridad dejó algunos heridos y detenidos, entre ellas a Anastasia García, comunicadora de FM La Voz del Cerro, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), quien en comunicación con Radio Gráfica relató que lo ocurrido fue “un desalojo ordenado por la justicia en contra de un territorio comunitario de la comunidad Tusca Pacha, del pueblo Kolla de Jujuy”.
En el lugar se presentaron representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Jujuy, que acompañaba el reclamo de la comunidad, como también algunos legisladores locales que intentaron impedir el desalojo y también fueron golpeados durante la represión.
Anastasia añadió que “la comunidad está conformada por 100 familias. La táctica de la justicia fue ir en contra de una sola familia numerosa, desconociendo que es un territorio comunitario que se reconoce como colectivo“.
La presidenta de la comunidad Juana Mamani, señaló que la orden de desalojo llegó por parte de los jueces Jorge Rodolfo Zurueta y Liliana Batriz Colqui. Con ese motivo, las fuerzas de seguridad rodearon e ingresaron al predio sin esperar a que llegue la asesora legal de las familias e impidiendo el paso a quienes estaban afuera.
“Sacaron con armas de fuego, tenemos los cartuchos tirados. Lamentablemente actuaron, son alrededor de 100 o 200 policías. No me dejan ingresar al territorio, no puedo ver cómo están los niños ni las hermanas que están embarazadas. Ni siquiera se dignaron en llamar a una ambulancia”, agregó.
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Por lo sucedido, la Coordinación Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, emitió un comunicado en el que denuncian el »violento atropello policial sobre los miembros de la organización campesina de la agricultura familiar Tusca Pacha» y hacen responsables al gobierno provincial de Gerardo Morales por la seguridad de las personas detenidas arbitrariamente durante el desalojo, a su vez que exigen la inmediata liberación de los mismos.
El lunes 19, el MNCI alertó sobre la posibilidad de desalojo y señaló a Alfredo González y Simón Gronda, apoderados de la empresa inmobiliaria SUCRE, como los principales beneficiarios de echar a las familias originarias del territorio comunitario.
“La beneficiaria de estas arbitrariedades es la Empresa Inmobiliaria SUCRE, cuyos apoderados son: Alfredo González y Simón Gronda que representan a sus familiares, entre quienes se encuentra Javier Gronda funcionario del Gobierno Provincial”, expresa el texto publicado en sus redes sociales.
También afirman que la Justicia desestima las herramientas probatorias presentadas para demostrar que »las tierras en cuestión son parte del territorio comunitario de la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos».
- Nota de Agencia FARCO
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