Desde la Secretaría de Gestión y Empleo de La Nación informaron que realizarán un concurso especial para regularizar a 10 mil trabajadoras y trabajadores públicos que están en planta transitoria desde hace más de 10 años. La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, dio detalles en Radio Gráfica del análisis que están llevando adelante sobre las 15.000 contrataciones que se produjeron durante el gobierno de anterior. “Hubo una distribución regresiva”, manifestó.
“El Ministerio de Modernización no fue un ministerio más del gobierno anterior, sino que fue una de las jurisdicciones más importantes que tuvo para poder llevar a cabo una refundación estatal con una concepción que copiaba los criterios de funcionamiento del sector privado”. Así lo indicó Castellani y puntualizó que “la idea de modernización no es casual, alude a algo tradicional y arcaico que debe ser mejorado”.
“Esto -agregó- vino asociado a un sistema de muy poca soberanía tecnológica. Las consultorías tuvieron que ver con la gran parte de contrataciones de programas y nuevos servicios tecnológicos del estado”.
La funcionaria, además, hizo hincapié en la importancia del rol del Estado, entendiéndolo como una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto de país y que cumple un papel fundamental para cerrar brechas de desigualdad, ingreso y género, en la cual es necesaria la implementación de programas que corrijan esas grietas y esto provocaría que las dotaciones sean mayores.
El Estado una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto de país y cumple un papel fundamental para cerrar brechas de desigualdad, ingreso y género
Respecto a la mirada que tenía el anterior gobierno de los empleados públicos, Castellani manifestó que “hubo una visión muy peyorativa del trabajadores estatales y sobre todo la función que debía cumplir. Han hecho análisis con las empresas privadas sobre las dotaciones mínimas de cada institución pública y esto provocó despidos masivos en cada sector”.
“Fue una distribución regresiva, porque se sacaba mucha gente en cargos bajos, pero se los reemplazaba con cargos ejecutivos con salarios muy altos”, apuntó. De hecho, actualmente están haciendo una revisión exhaustiva de las designaciones temporarias de los últimos tres años y de los concursos de los últimos dos años en los organismos estatales, donde pudieron observar esa gran cantidad de eliminaciones de cargos bajos y el incremento sustantivo de los puestos ejecutivos a cargo de personas cercanas al gobierno de Mauricio Macri.
Por otro lado, señaló la necesidad de la relación eficiente entre dotaciones, estructuras, funciones y objetivos de cada área, en las cuales se debería trabajar en el diseño organizacional, en los procesos y en la formación y capacitación del personal. “El Estado no es una empresa, no se puede tener una mirada exclusivamente fiscalista, ni el tamaño del Estado depende de lo que estén dispuestos a hacer. No podemos estar hablando de dotaciones mínimas, sino que tenemos que tener dotaciones óptimas. Valoramos por completo el empleo público y queremos recuperar la dignidad del trabajador estatal”, expresó.
Sobre la regularización de trabajadoras y trabajadores públicos, definió: “Estamos teniendo un criterio de mantener las dotaciones existentes o reemplazar las bajas por unas nuevas altas. Con esto vamos permitiendo acomodar el defasaje inicial para volver a poner en relación la lógica dotación, para que luego podamos desarrollar la nueva estructura que se propone en función de este gobierno”.
“Estamos teniendo un criterio de mantener las dotaciones existentes o reemplazar las bajas por unas nuevas altas”
“Nosotros apuntamos a un sector más popular, que tiene más experiencia en lo público. Tenemos una enorme ventaja para los altos cargos que suelen pedir título universitario, porque en nuestro país hay mucha gente que puede acceder a la universidad porque es pública y eso permite que los sectores más bajos puedan formar parte del Estado”, remarcó.
Según la funcionaria, el gobierno anterior cerró su balance de gestión diciendo que hubo 41 mil bajas de base de empleados públicos nacionales y que, de esos, 36 mil son contrataciones transitorias que se dejaron sin efecto, que se rescindieron. Y que después hay jubilaciones y retiros voluntarios.
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