Para las elecciones del 27 de octubre estaban en condiciones de votar 57.746 personas privadas de su libertad en todo el país, según la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), pero finalmente sufragaron alrededor de 16.000 personas según la Cámara Electoral Nacional (CEN). Esta cantidad, que representa menos del 30% del total de las personas que se encontraban en condiciones para hacerlo, se relaciona con que no todos tienen DNI, ni figuran en el padrón y a veces tampoco son llevados a votar, afirmó a Radio Gráfica Malena García, integrante de Atrapamuros, una organización y proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata que trabaja en más de diez cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Por Lorena Fernández Bravo
Por el bajo porcentaje de personas que votan efectivamente en las cárceles, relacionado también con que por ley sólo pueden votar los procesados y no los condenados, la PPN, en junio de 2013, acompañó la petición de personas condenadas privadas de libertad, ante distintos juzgados federales con competencia electoral, que solicitaban ser incluidas en el padrón para votar en las elecciones de ese año. En función de la presentación de los amparos, a mediados de 2016 la CEN declaró la inconstitucionalidad de la restricción del derecho al sufragio para los condenados. En dicha resolución se habilita y dispone que se tomen medidas para que se trate su reglamentación.
Por ley sólo pueden votar los procesados y no los condenados.
En marzo de ese mismo año presentaron un proyecto de ley para que se deroguen los incisos “e”, “f” y “g” del artículo 3º del CEN que determina quienes quedan excluidos del padrón electoral – Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y por sentencia ejecutoriada; los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos; los sancionados por la infracción de deserción calificada – y de los artículos 12 y 19 inciso 2° del Código Penal de la Nación, que inhabilita de manera absoluta a los condenados y los priva del derecho electoral.
Sobre la jornada electoral Malena García comentó “el acto en sí empieza a las ocho de la mañana como en cualquier escuela y termina a las seis de la tarde o cuando ya haya votado todo el padrón. Los presidentes de mesa son del mismo servicio penitenciario o docentes que trabajan en las escuelas dentro de la cárcel. El acta es bastante distinto, sólo los fiscales registran cuántos votantes hubo y si coinciden con la cantidad de votos porque no hay sobre sino boleta única. El acto electoral termina cuando se cuentan todos los votos, se cierra la urna y se lleva a la CNE”.
En la misma línea, Maximiliano Pimentel, quién recuperó su libertad hace un mes, en conversación con Radio Gráfica, se explayó diciendo: “Mi experiencia fue en las PASO del 2017. Te van a buscar al pabellón por nombre y apellido, cuando llegás el Servicio le da los documentos al Fiscal, te lo muestran para ver que seas vos, te dan una Boleta Única y un sello, entras al cuarto, marcás el que querés y cuando salis la metes en la urna”.
“La diferencia con el voto de afuera es que no podés elegir Intendente, Senador, Diputado, es más limitado y yo personalmente desconfío de quien cuenta esos votos”.
Con respecto a la preparación para cumplir con la obligación Cívica, Pimentel agregó: “No es que no tenemos información de las políticas que se llevan a cabo por estar detenidos. Te guiás más que nada por la tele y si en la Unidad en la que estás hay un Centro de Estudiantes, ese es un lugar muy político donde te ponés al día sobre los partidos y sus políticas. Al estar estudiando uno es más consciente de esas cosas, entonces no estás tan perdido pero por ahí no es tan así en los pabellones donde no salen a estudiar y votan más por lo que les dicen o porque sí”.
“Uno recibe visitas de la familia y ellos te van contando día a día cómo está la Economía, cómo son las políticas de salud y educación que hay afuera y te guiás por eso. En el 2014 tu familia te iba a ver y por mil pesos te llevaba una bolsa llena de mercadería, en el 2018/2019 por la misma plata te llevaban una bolsita chiquita, esas cosas las vas viendo y hablando con la gente de afuera”.
También dió su opinión sobre el sistema electoral en su totalidad “no está bien regulado o controlado el tema de los padrones en las cárceles, quién dice qué documento está en condiciones y cuál no. Hace un mes que estoy en libertad y en el padrón de afuera no figuro, esas irregularidades que hay afuera, adentro se agudizan mucho más. Habría que controlarlo, supervisarlos pero no somos la prioridad del Estado”.
El domingo 27 de octubre Atrapamuros logró ingresar a fiscalizar en varias unidades penales y centros cerrados de La Plata y Gran La Plata, Malena García reflexionó sobre esta acción: “Nuestro balance es positivo, creemos que fue una jornada sin inconvenientes de ningún tipo, más que nada el motivo que hacía que muchas personas que estaban en el padrón no pudieran votar eran temas de falta de DNI”.
Sobre su experiencia personal agregó: “estuve en la Unidad N°9 que tiene aproximadamente 9 mil personas privadas de libertad y sólo votaron 300, un número muy bajo. En ese sentido la falta de documentación se debe a que se suelen perder en las comisarías, en allanamientos y en los traslados entre unidades”
En base a la fiscalización del domingo pasado, Malena concluyó que “es significativo el número de personas que llegan a votar y no saben cómo hacerlo. Muchos no habían tenido una instancia de capacitación previa entonces miraban la boleta y no sabían cómo votar. Se quedan más en una voluntad de los docentes de decirlo en sus clases y enseñar a hacerlo”.
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