Los trabajadores de la Linea 60 siguen adelante su medida de fuerza en reclamo de mejoras de seguridad. En Patria Grande Latinoamericana, entrevistaron al delegado Néstor Marcolín, quién expresó: “El 9 de septiembre pasado falleció nuestro compañero David Ramallo. Nosotros denunciamos en distintos organismos que no estaban dadas las condiciones para trabajar. Después denunciamos 75 puntos incumplidos por la empresa en la cabecera de Ingeniero Maschwitz. La superintendencia de la provincia corroboró lo que planteabamos los laburantes. Así que explicamos al ministerio de Trabajo que iniciaríamos un paro porque los mecánicos no tienen elementos para arreglar los colectivos. En la cabecera de Barracas, donde murió Ramallo, no había una fosa. Para proteger la vida de todos iniciamos esta medida de fuerza porque no están las unidades en condiciones de transportar pasajeros“
“Hay un fiscal que está llamando a más de doscientos empresarios del transporte por el choreo de los subsidios. Sería bueno que investigue al Grupo DOTA. Antes de los subsidios, la empresa tenía sólo la línea 22. Hoy tiene más de sesenta, incluida Monsa. También la fábrica de colectivos Agrale y otra de carrocerías. Un monopolio importante como para escatimar gastos en cuestiones de seguridad”, graficó Marcolín a la compañía.
Marcolín dio cuenta qué “Dota cobra 210.000$ mensuales por cada colectivo. La línea tiene 320 unidades. 67 millones mensuales. De esas 320 unidades, sólo salen 250 por día ya que los otros colectivos no están en condiciones de salir. Esta empresa no pone un mango para que mis compañeros trabajen seguros. Acá hay tipos que tienen la guita y no la quieren invertir en la seguridad de los laburantes. Pero acá hay otro negocio más de fondo, porque la venta de pasaje ya no es lo principal, sino la venta de colectivos. Por eso existe Agrale, quién le compite a Mercedes Benz el monopolio de las unidades”.
Finalmente, Marcolín descerrajó un dato espeluznante: “El empleado público que pidió la certificación ambiental de la cabecera de Barracas es un empleado público que firmó la habilitación de Iron Mountain. Ahí juega la plata y los intereses, y lo que menos interesa somos los trabajadores ya que somos un número”.
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